SANTO DOMINGO, D.N. - El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymessolicitó
este miércoles al procurador general de la República investigar la denuncia de
ANADEGAS y FENATRANO respecto a “una alegada mafia en la venta de combustibles,
con la supuesta “connivencia de funcionarios públicos del gobierno y
específicamente” del MICM.
La petición está contenida en
una instancia depositada la tarde de este miércoles en la Procuraduría
General de la República, la cual suscriben el titular de la cartera, Nelson
Toca Simó, y César Avilés Coste, consultor jurídico de dicha institución.
“Mediante la presente instancia y en virtud de las disposiciones
legales contenidas en los artículos 29, 30, 259, 260, 262, 263, 264 y 265 del
Código Procesal Penal, tienen a bien solicitar de manera formal a esa Procuraduría
General de la República, dar inicio a una investigación en relación con los
supuestos hechos denunciados por los señores Arnulfo Rivas, presidente de la
Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (ANADEGAS); Juan Ignacio
Espaillat Taveras, ex presidente de ANADEGAS; (Y) Juan Hubieres, presidente de
la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (FENATRANO)”.
Toca Simó y Avilés Coste solicitan al Procurador designar los fiscales
investigadores, así como los peritos y técnicos necesarios para levantar la investigación
a “profundad” de “los hechos denunciados”.
De igual manera piden “convocar a los denunciantes Arnulfo Rivas, Juan
Ignacio Espaillat Taveras y Juan Hubieres, a los fines de que aporten al
Ministerio Público en el curso de la investigación, los datos, informaciones,
pruebas de que dispongan sobre las denuncias realizadas”.
La instancia depositada en la Procuraduría General de la República
recoge que Rivas, Espaillat Taveras y Hubieres “plantearon la existencia en el
país de una mafia que vende combustibles ´ilegales´ producto del contrabando,
señalando los dos primeros denunciantes de forma específica, que dicha mafia se
encontraba apoyada y auspiciada por funcionarios del Gobierno, y más
específicamente del propia MICM”.
Dichas declaraciones fueron reproducidas por diversos medios
nacionales, tanto impresos como audiovisuales, cuyas copias se encuentran en la
solicitud depositada.
Ante dicho pronunciamiento, la semana pasada el MICM procedió a
emplazar a ANADEGAS y sus directivos mediante acto de alguacil para que
identificaran “los funcionarios, personas y sectores que, de acuerdo a la
denuncia, alegadamente estarían autorizando o tolerando deliberadamente el
contrabando de combustibles” y que “presentaran las supuestas pruebas de la
denuncia”.
El citado emplazamiento también fue publicado en espacio pagado en
varios medios de circulación nacional.
“Hasta el momento, los denunciantes públicos, no han depositado ante
el MICM, ni el ministro, ninguna de estas supuestas pruebas, ni tampoco han
formalizado dichas denuncias ante las autoridades, con lo cual, se han quedado
en denuncias”, señala el documento.
El MICM dice que pone a disposición del Ministerio Público “todas las
facilidades necesarias” para que pueda
“efectuar una investigación exhaustiva, ofreciendo total acceso sin
limitaciones de ningún tipo a los investigadores designados, a toda la documentación
que sea requerida”.
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