El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo informó que los programas sociales puestos en marcha a causa de la pandemia COVID-19, especialmente Quédate en Casa y FASE 1, mitigaron el aumento de la pobreza y la caída del empleo.
El análisis del impacto de la COVID-19 establece que en términos absolutos, los programas sociales han logrado que 752,395 dominicanos y dominicanas no hayan caído en condición de pobreza monetaria general durante los peores meses de la pandemia.
El estudio de la Dirección de Análisis de Pobreza, Desigualdad y Cultura Democrática muestra los efectos del Covid-19 y la crisis socioeconómica provocada en la calidad de vida de la población dominicana.
“Esta nos es una crisis nacional, esta es una crisis mundial. El 87% de los países registran un crecimiento negativo, la República Dominicana no va a ser la excepción, aunque está mejorando mensualmente, la caída se está reduciendo, pues terminaremos el año con una caída en el orden del 6%, esperando una recuperación en el año 2021”, precisó el origen de la crisis el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton.
El estudio, presentado en la sede del ministerio, específica que el aumento de la pobreza ha sido principalmente en la zona urbana y ha traspuesto el histórico posicionamiento de lo rural como la parte más pobre del país.
“Esto ha ocurrido, no porque haya mejorado la vida de la población rural, sino porque el aumento de la pobreza urbana ha sido mucho mayor. La macroregión el Este y el Gran Santo Domingo han sido las más afectadas por la pérdida de empleo y también las que más han aumentado sus tasas de pobreza”, puntualiza la directora de la Dirección de Análisis de Pobreza, Desigualdad y Cultura Democrática, Rosa Cañete.
La investigación puntualiza que el efecto aún persiste en la población más vulnerable y aún en septiembre, tres de cada 10 hogares entrevistados por la Encuesta de la Red Actúa, habían reducido las porciones de comida, saltado alguna de las comidas en el día o habían pasado días enteros sin comer.
De acuerdo con el informe, el impacto del COVID-19 no solo ha aumentado la pobreza monetaria, sino que ha provocado un derrumbe de ingresos en la escalera social.
El documento plantea que este aspecto llama la atención sobre la necesidad de impulsar políticas de protección social y de desarrollo productivo que no estén solo enfocadas en la población más pobre, ya que un 70% de la población tenía ingresos menores a US$10 PPA en junio 2020 (63% en junio 2019), lo que los hace vulnerables a cualquier choque económico, como lo ha sido el impacto del COVID-19 en el país.
Profundiza desigualdades de género
El estudio afirma que el COVID-19 también ha traído asociado la profundización de las desigualdades de género ya existentes, afectando más a las mujeres y aumentando el índice de feminidad de la pobreza, el cual ya mostraba una tendencia creciente desde años anteriores.
A su vez, precisa que el cierre de las escuelas provoca un aumento del trabajo de cuidado desarrollado, principalmente por las mujeres lo que suele estar asociado a una disminución de las oportunidades de las mujeres en el espacio laboral remunerado.
Considera que sigue siendo un reto desarrollar políticas públicas para enfrentar la feminización de la pobreza de forma efectiva y atender el impacto del COVID-19 específicamente en las mujeres.
Efectos en el empleo
Dicho estudio detalla que el impacto en el empleo formal e informal fue severo.
FASE I cubrió el 73% de las personas suspendidas entre marzo-julio en el sector privado formal, conteniendo el aumento de la desocupación activa y la pérdida total de ingresos laborales.
Las microempresas, es decir, aquellas que cuentan con 10 trabajadores/as o menos, han sido las que más empleo han perdido: alrededor de 325,000 empleos, en el sector formal e informal, durante el confinamiento. Estas empresas con esenciales para la producción de empleo en el país, es necesario profundizar políticas públicas para ellas e impulsar su reactivación, productividad y mejora de las condiciones laborales.
El informe indica que entre abril y mayo se registró una caída de 530,029 trabajadores y trabajadoras privados activos en la nómina de Tesorería de la Seguridad Social. En octubre el 58% habían recuperado su empleo gracias a la reapertura de la economía.
El programa Pa’Ti, pensado para el apoyo a los trabajadores y trabajadoras independientes, ha tenido problemas de focalización y no ha sido suficientemente efectivo en abordar a la población que tenía como objetivo.
En ese sentido, plantea que se hace necesario el desarrollo de instrumentos de relacionamiento entre el Estado y el trabajo informal que generen incentivos para su registro y faciliten por tanto el desarrollo de políticas públicas hacia este sector.
Otro sector afectado por la pandemia fue trabajo doméstico que produce un alto número de puestos de en el país y está altamente feminizado. Durante el confinamiento este sector perdió 85,461 empleos en comparación con el año pasado, principalmente informales. Este sector es importante tanto en tamaño como por su aporte al cuidado y el bienestar; su protección dentro de las medidas de mitigación puestas en marcha ha sido un reto.
Acciones gubernamentales
El análisis del impacto del COVID-19 en el país muestra los desafíos a futuro en el desarrollo de políticas de protección social y el rol de los programas de mitigación en la contención de la pobreza y la desocupación.
“La solución de esta crisis implicará una gran reestructuración de la economía mundial y de las economías nacionales. Por ejemplo, la transformación digital que nos hablaban mucho, hoy día es una realidad y se ha creado una nueva subjetividad a nivel mundial”, destacó Ceara Hatton.
Precisó que el mundo se va a reconfigurar y eso implicará “una gran reestructuración, por lo cual el Gobierno está tratando de tener todas las actividades económicas posibles, actividades que se cierran o que se pierden y que son muy difíciles de recuperar”.
El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo puntualizó que el Gobierno está concentrado en mantener la inversión y la actividad agrícola en todo el territorio nacional; en la construcción de pequeñas obras, tales como acueductos, en reservorios, en limpiezas de canales, en fin, pequeñas inversiones que ayuden a mantener la actividad económica en todo el territorio nacional.
“Estamos haciendo un esfuerzo en materia de salud muy grande para poder estar a la altura de las circunstancias, a pesar de que el sector salud ha sido uno de los más deteriorados en los últimos años”, precisó Ceara Hatton.
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