La emisión del decreto presidencial Núm. 197-26 dirigido a resucitar el denominado Plan de Regularización de los Juegos de Azar le ofrece al Gobierno la oportunidad de rectificar el abordaje regulatorio de este sector de la economía nacional, el cual se encuentra sumido en la incertidumbre.
Como se recordará, el aludido Plan de Regularización fue originalmente puesto en marcha mediante un decreto emitido en febrero del año 2022. Sin embargo, posteriormente la ejecución del mismo fue interrumpida por razones que no resultan del todo claras. Los empresarios que operan bancas de apuestas deportivas entregaron decenas de millones de pesos al Estado con la esperanza de obtener las licencias de operación de sus establecimientos comerciales, en el marco del referido plan, lo cual todavía no ha ocurrido.
En un comunicado al país publicado por el doctor Teófilo – Quico – Tabar se admite, en alguna medida, que los resultados de la implementación del señalado plan no fueron los esperados. Mientras tanto, la regulación del mercado de los juegos de azar es prácticamente inexistente y el decreto que reactiva el plan de regularización encuentra al sector sumido en el caos.
La apatía del Estado ha propiciado la masificación de los juegos de azar electrónicos, en el marco de un desprecio mayúsculo a la normativa legal vigente. La proliferación de las denominadas “agencias hípicas”, al amparo del inconstitucional e ilegal Decreto Núm. 480-19, del 23 de diciembre del 2019, ha permitido que todo tipo de juegos de azar se comercialicen en lugares no autorizados por la ley, en detrimento de los derechos adquiridos por los empresarios que – durante más de dos décadas – han invertido cuantiosos recursos en la instalación de casinos y bancas deportivas, cumpliendo con los requisitos exigidos por las normas actualmente vigentes.
La expansión indiscriminada y, por demás, ilegal de la oferta de juegos de azar electrónicos a través de las agencias hípicas y otros esquemas notoriamente ilegales, ha provocado la arrabalización progresiva del mercado de los juegos de azar, incubándose una situación que amenaza la convivencia social y produce un efecto devastador para las familias dominicanas, que contemplan impotentes como se ofrece todo tipo de juego de azar a menores de edad en cada esquina de nuestros barrios y zonas rurales.
Debemos decir que existen resoluciones como la Núm. 136-2024, emitida por el Ministerio de Hacienda, que incluyen disposiciones altamente preocupantes, como la que autoriza a una empresa que opera juegos de azar por internet a instalar “puntos físicos” para realizar transacciones que, por su naturaleza, deberían tramitarse en línea, otra gravísima distorsión que contribuye a fomentar el desorden que impera en el mercado de los juegos de azar de nuestro país.
Pero el Plan de Regularización que ahora se “reactiva” se encuentra también en peligro como consecuencia de una iniciativa legislativa depositada en el Congreso por el propio Poder Ejecutivo. Dicha propuesta normativa, de aprobarse en los términos en que fue remitida a las cámaras legislativas, lejos de generar certeza, previsibilidad normativa y seguridad jurídica, perpetuaría los problemas que afectan al sector, además de que aniquilaría la efectividad del plan de regularización emprendido por el propio Gobierno.
De todos modos, el anuncio de la reactivación del Plan de Regularización le ofrece al Gobierno la oportunidad de superar los errores del pasado reciente. Los integrantes de la Asociación Dominicana de Bancas Deportivas, Inc. (ADOBAD) seguirán insistiendo en la necesidad de instalar un sistema regulatorio transparente, racional y con reglas claras para todos los actores del mercado.
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